Theresly Malavé, abogada y directora de la organización no gubernamental (ONG) Justicia y Proceso Venezuela, denunció este jueves graves irregularidades y «violaciones al debido proceso» en la audiencia celebrada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Estado Carabobo, este miércoles 28 de octubre, en relación con los recursos presentados contra la condena de 30 años dictada en contra del capitán Juan Carlos Caguaripano y los otros acusados por el caso de la Operación David.
En contacto telefónico con El Político, señaló que la sentencia firme contra el capitán Caguaripano fue el resultado de un expediente «contentivo de crímenes de lesa humanidad» y de «1.000 vicios al debido proceso».
Al tiempo que, destacó «el fallo condenatorio de primera instancia se produjo sin que estuvieran los abogados defensores, es decir, sin defensa, y con la ausencia de uno de los acusados debido a que había sufrido un ACV».
Explicó que en principio, el caso correspondió a la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Carabobo, presidida por el juez Chirinos. Sin embargo, el juez Carlos Alberto Bonilla Álvarez se abocó a la causa y la trasladó de sala.
«Totalmente irregular ya que las cortes de apelaciones no se deben abocar; sencillamente porque esas son funciones propias del TSJ», fustigó.
En este orden, puntualizó que pese a que la representación legal interpuso un recurso de amparo y un avocamiento ante la Sala Constitucional del TSJ, y recusó al juez Bonilla, la sesión se llevó a cabo.
«La audiencia estuvo sesgada y el tribunal se negó a escuchar los argumentos que no le gustaban», remarcó.
Por tanto, esperan que la Corte de Apelaciones confirmará la condena de 30 años en el lapso de diez días hábiles que establece la ley.
«Si esto ocurre, interpondremos un recurso de casación ante el TSJ. ¿Qué podemos esperar de eso? Las expectativas sobre la causa siguen siendo las mismas. Nos preguntamos cuál es la reinstitucionalización del Poder Judicial cuando estas cosas siguen pasando todos los días», cuestionó.
Sobre la salud de Caguaripano, dijo que «se mantiene fuerte, con su mensaje siempre de esperanza y enfocado en el país».
Finalmente, recordó el impacto de los abusos físicos sufridos por el capitán durante su reclusión, al señalar que arrastra dolencias tras «años sin derecho absoluto a la salud» y tras haber sido víctima de «horribles torturas que le hicieron perder un testículo».
Juan Carlos Caguaripano está preso desde el 11 de agosto de 2017, día en que fue capturado en Caracas tras liderar el asalto al Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo.

