La CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– acaba de celebrar estos días una reunión en Sevilla, España, desde donde se ha anunciado la aprobación de créditos por 5.200 millones de dólares. Entre las operaciones destacadas se encuentra un nuevo préstamo de 1200 millones para Colombia. Sin embargo, mientras se reparten miles de millones en financiamiento, un país miembro fundador y sede histórica del organismo permanece completamente excluido: Venezuela.
La marginación de Venezuela no es una consecuencia de criterios técnicos o financieros, sino de una decisión política sostenida por la actual administración del banco, presidida por el colombiano Sergio Díaz-Granados. A pesar de ser Venezuela uno de los seis países que firmaron el acta fundacional en 1968 y haber sido en su momento el principal aportante de la CAF, a Venezuela se le niega cualquier acceso a crédito, asistencia técnica o participación real en las decisiones del banco.

DISCRIMINACIÓN
La exclusión de Venezuela comenzó formalmente en 2020, cuando la Asamblea de Accionistas confisca, sin juicio previo, y de forma unilateral la participación accionaria del país clase B, alegando incumplimiento de pagos que no pudieron hacerse debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Desde entonces, no se ha aprobado ni un solo nuevo proyecto en territorio venezolano.
El resultado ha sido el desmantelamiento de proyectos esenciales, como los de infraestructura eléctrica, en un país que atraviesa por profundas dificultades en materia de energía eléctrica.
Según informes internos, esta medida no tiene precedentes en la historia de la CAF: ni siquiera durante conflictos bélicos como la guerra entre Perú y Ecuador en 1995 se llegó a excluir a un país de este modo. Y, en otras ocasiones, a países con deudas, como Brasil, se les han otorgado créditos.
DISCRIMINACIÓN LABORAL Y HOSTIGAMIENTO
La situación se agrava con el trato interno que la CAF ha dispensado a su propio personal venezolano. Decenas de funcionarios han sido despedidos o marginados, en muchos casos de manera ilegal y discriminatoria. Particularmente graves son los casos de acoso y persecución contra trabajadoras venezolanas, quienes enfrentan procesos judiciales interminables.
HERRAMIENTA POLÍTICA
Lejos de promover el desarrollo equitativo y la integración, la CAF parece haber optado por una estrategia de alineamiento geopolítico. Muestra de ello es la apertura de una oficina en Washington –a pesar de que Estados Unidos no es accionista del banco– y la ruptura de relaciones con China, que estaba lista para aportar 800 millones de dólares en infraestructura. Estas decisiones reflejan una preocupante dependencia ideológica de la institución, ahora más cerca del modelo BID-Banco Mundial que de su misión original de fomento regional autónomo.
REELECCIONISMO
La reciente reunión en Sevilla, con un despliegue de 50 funcionarios en actividades secundarias y una agenda marcada por la promoción de la reelección del actual presidente ejecutivo, refuerza la percepción de una CAF sin un manejo transparente de los recursos y más centrada en la autopromoción que en el desarrollo. Mientras tanto, el 76% de sus créditos se destinan a operaciones de libre disponibilidad, en detrimento de verdaderos proyectos de transformación económica y social.
La exclusión de Venezuela, país con una de las mayores reservas energéticas del mundo y con una histórica vocación integradora, es más que una decisión institucional: es un ataque a la idea misma de América Latina como proyecto colectivo.


