El Partido Comunista de Venezuela (PCV) calificó la política petrolera del Gobierno de Nicolás Maduro como «lesiva a la soberanía nacional».
Recientemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) promovió en la Asamblea Nacional la renovación a una concesión por 15 años más a la petrolera estadounidense Chevron «para seguir operando en Venezuela en condiciones violatorias a la Constitución», denunció Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del PCV.
«El gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en un capataz de Chevron y del capital transnacional; mientras negocia y roba riqueza de la nación, condena a los trabajadores de la industria petrolera a condiciones deplorables», afirmó la dirigente.
Andrade explicó que esta situación también se extiende a las empresas básicas en las que «capitales trasnacionales obtienen grandes ganancias mientras miles de trabajadores se mantienen con ingresos miserables y se les impide incorporarse a sus puestos de trabajo, bajo la atroz figura de los ‘trabajadores desactivados’».
«También tenemos la persecución que hay por parte de la patronal pública ─no solo privada─ contra dirigentes sindicales. Un caso emblemático es Corpoelec, donde se trata de socavar a las legítimas autoridades sindicales con hostigamiento para que abandonen sus posiciones de lucha», agregó.
Cúpula del PSUV está fabricando escenarios de violencia
El PCV expresó preocupación sobre el discurso que está promoviendo la cúpula del Gobierno-PSUV dirigido a fabricar un escenario de eventual violencia de cara a las elecciones presidenciales.
«Este discurso también va acompañado con prácticas dirigidas a sembrar desesperanza, temor, miedo en la población y por ende, no persigue otra cosa que promover la abstención», advirtió Andrade.
«Estamos hablando de provocaciones, de detenciones arbitrarias, los cierres de pequeños negocios, el hostigamiento contra activistas políticos, pero también de las matrices de opinión dirigidas a sembrar dudas sobre el desenlace del proceso electoral, acompañadas de descalificativos contra todos aquellos que adversamos la política antiobrera y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro», detalló la integrante del Buró Político.
Andrade descartó que estas maquinaciones sobre acciones violentas tengan un correlato en la ciudadanía: «El pueblo venezolano ha cifrado en el voto la posibilidad de salir de esta catástrofe a la que nos han llevado los dos polos corresponsables de la crítica situación en la que se encuentra nuestro país».
Gobierno sirve a las cúpulas empresariales
El PCV fustigó la línea de propaganda gubernamental que insiste en presentar las elecciones como una supuesta confrontación entre un polo socialista contra un polo capitalista en Venezuela.
«En Venezuela no hay socialismo y este Gobierno no solamente no es socialista, sino que además es cada vez más reaccionario y le sirve a las cúpulas empresariales con su paquete neoliberal de ajuste, que condena a millones de familias venezolanas a una situación de precariedad nunca antes vista y que ha ocasionado la migración masiva de miles de venezolanos que tuvieron que salir de nuestro país para vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones», afirmó Andrade.
Una alianza política-electoral para recuperar la Constitución
Al referirse a la crítica situación de vulneración de derechos sociales y políticos, Andrade explicó que «en este escenario es que la militancia del Partido Comunista de Venezuela se han propuesto como una tarea central el reagrupamiento de aquellas fuerzas genuinamente democráticas que hoy están dispuestas a trabajar por la restitución de la Constitución, de las leyes y del estado de derecho en el país».
Adelantó que el PCV está trabajando en un acuerdo político-electoral con la organización Centrados y con su candidato, Enrique Márquez, para poder presentarle al país en los próximos días.
«Se trata de un programa que tenga en su centro la recuperación de los salarios y de las pensiones; la recuperación de los servicios públicos; el respeto a las convenciones colectivas; la libertad plena de los trabajadores que han sido injustamente encarcelados por denunciar corrupción en sus centros de trabajo o por luchar por derechos consagrados en la Constitución. Un programa que también contemple el reenganche de esos miles de hombres y mujeres que han sido injustamente despedidos con el aval del Gobierno venezolano, a través del Ministerio del Trabajo», detalló.
