Estamos de lleno en la tercera década del siglo XXI y nuestro país se ha quedado atrás en debates tan trascendentales e importantes para las dos últimas generaciones, la millenial y la Z: medio ambiente, nuevas tecnologías, legalización de algunas drogas y sexodiversidad. Sobre esta última, quiero hacer una reflexión en torno a la política venezolana.
Recientemente se generó una controversia en torno a los comentarios emitidos por dos diputados de la actual Asamblea Nacional, las mismas iban dirigidas a la estigmatización de un sector social, que ha estado vulnerable, esto a raíz de la falta de una legislación que les brinde seguridad y protección al momento de expresar sus identidades. Nos referimos a la Comunidad LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales y Queer), quienes también se han manifestado, sobre todo durante los dos últimos meses, para que sus derechos sean reconocidos, de manera formal, dentro del marco legal vigente.
Luego de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, realizada el pasado 3 de julio en Caracas, el diputado Franklyn Duarte, a través de la red social Instagram, propuso que se aplicara en el país una “Ley Qatar” para impedir el “libertinaje y populismo”. Comentario que generó estupor dentro del colectivo sexodiverso, ya que la denominada “Ley Qatar”, podía interpretarse como la búsqueda de penalizar los actos homosexuales.
El viernes 16 de julio, el propio Duarte, acompañado de la también diputada Maribel Castillo, participaron en el programa Primera Página de Globovisión, donde ambos usaron premisas en contra de la Comunidad LGBTIQ como: “están provocando la extinción de la raza humana”, “esto atenta contra la familia” y “es sencillamente una moda”. Estos comentarios profundizaron el rechazo hacia los parlamentarios, por parte del colectivo sexodiverso, más cuando se recordó que el 6 de julio de 2021, la diputada Castillo en su programa radial Cara a Cara, promocionó las conocidas “Terapias de Conversión”, las cuales son consideradas por diferentes expertos y organismos como “Mecanismos de Tortura”.
La respuesta de los activistas y líderes LGBTIQ no se hizo esperar: por un lado Globovisión les dio un derecho a réplica, siendo voceros Richelle Briceño, Koddy Campos y Tamara Adrián, quienes respondieron a los señalamientos de los parlamentarios y consideraron que los mismos “promovían mensajes de odio”; por el otro se realizaron dos concentraciones en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde diferentes activistas y organizaciones sexodiversas, exigían el “allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de los diputados.
Ante este tipo de eventos, la mayor reacción vino de parte de la diputada Maribel Castillo, quien contó con el respaldo de grupos religiosos y conservadores. Para la parlamentaria había un “acoso y persecución en su contra” por parte del colectivo LGBTIQ, procediendo a denunciar ante la fiscalía a los activistas Richelle Briceño, Koddy Campos, Tamara Adrián e Iris De Franca, el 1 de agosto. A pesar de este tipo de acciones, la propia parlamentaria ha manifestado su disposición a un proceso de reconciliación, teniendo una respuesta positiva por parte de la activista Richelle Briceño.
Repasando estos eventos, es necesario comenzar a dar algunas reflexiones y aclarar algunas dudas que se generaron al darse el controversial debate sobre los derechos de la Comunidad LGBTIQ+.
Lo primero que tenemos que afirmar es el principio de progresividad que existe en el derecho, es decir, que aunque nuestra legislación no establece directamente el reconocimiento a las demandas del colectivo sexodiverso, si existe un principio claro en nuestra legislación: el de no discriminación, por ningún motivo.
Lo segundo, y considero más relevante, es la protección constitucional que existe hacia “grupos que pueden ser discriminados, marginados o vulnerables”, así como el “reconocimiento de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos”. Para mayor claridad pueden revisar los artículos 21 y 23 de nuestra Constitución.
Como tercer punto, el tema de la familia, de donde se han agarrado los grupos religiosos y conservadores, la Carta Magna deja abierto el papel de “la jefatura de la familia”. Aunque es evidente que el Capítulo V de la Constitución da preminencia al “padre y la madre”, ya el Tribunal Supremo de Justicia ha dejado un precedente sobre las familias homoparentales, con una acción de amparo del 15 de diciembre de 2016.
Aunque es evidente que nuestro país tiene pocos avances sobre los derechos LGBTIQ, todavía estamos atrasados sobre la materia en comparación con otras naciones de la región como: Colombia, Brasil, Argentina o México. También se nota el desconocimiento del liderazgo político, con algunas excepciones, respecto al tema, ya que cuando le preguntan en alguna entrevista sobre la sexodiversidad, las respuestas dejan mucho que pensar.
Tampoco podemos ignorar que durante esta etapa histórica, fueron contados los momentos en que se vieron en cargos de elección popular a líderes del Colectivo LGBTIQ+ Tamara Adrián, Rosmit Mantilla, Mauricio Gutiérrez o Diverly Rodríguez, quienes han estado en la Asamblea Nacional, representando a un sector clave de la sociedad, pero viviendo el prejuicio de una casta política incapaz de avanzar.
Es innegable que las listas de prioridades en Venezuela son largas y cada uno
tiene como primeras opciones diferentes puntos, pero es importante que todo lo
referente a derechos humanos, más cuando hablamos de grupos vulnerables,
comience a ser debatido sin pruritos.
@rafaelgcurveloe
