Venezuela vive, una vez más, un momento de quiebre histórico. La profunda crisis política, social e institucional que ha marcado nuestras últimas décadas alcanzó un punto crítico con los hechos del 3 de enero de 2026. Más allá de las interpretaciones y de las posiciones políticas, ese episodio dejó al descubierto, de forma descarnada, la fragilidad de nuestras instituciones, la erosión acumulada del Estado de derecho y el deterioro de la soberanía como proyecto nacional.
Pero este desenlace no surgió de manera repentina. Es el resultado de un largo proceso de desgaste democrático, de errores históricos no corregidos y de una cultura política que ha privilegiado la confrontación por encima de los acuerdos.
Un pasado que nos interpela
La historia contemporánea de Venezuela demuestra que los grandes momentos de estabilidad han estado asociados a acuerdos políticos amplios. El Pacto de Punto Fijo permitió, con todas sus limitaciones, una etapa prolongada de gobernabilidad y convivencia democrática. Sin embargo, también dejó importantes sectores sociales al margen de la toma de decisiones, generando una sensación de exclusión que, con el tiempo, fue capitalizada políticamente.
La Constitución de 1999 nació con la promesa de corregir esas distorsiones y de refundar la República. No obstante, lejos de convertirse en un punto de encuentro nacional, terminó siendo un factor de división. Desde sus inicios, una parte relevante de la sociedad no se sintió representada por ese nuevo pacto constitucional. A ello se sumó su utilización progresiva como instrumento de concentración de poder, debilitando los contrapesos institucionales y erosionando la confianza en las reglas del juego.
El punto común entre ambos momentos históricos es el mismo: el desconocimiento, explícito o implícito, de sectores importantes de la sociedad, lo cual terminó debilitando la legitimidad del sistema político.
El 28 de julio de 2024: la fractura definitiva
Pero el episodio que terminó de fracturar nuestra ya frágil institucionalidad y de erosionar lo que quedaba de democracia fue el 28 de julio de 2024. Ese día, el desconocimiento de la voluntad popular, expresada de manera clara por los ciudadanos, confirmó que en Venezuela el voto había dejado de ser un mecanismo efectivo de alternancia y de legitimación del poder.
La inexistencia de árbitros creíbles, la subordinación de los poderes públicos y la ausencia de garantías institucionales no solo despojaron a la ciudadanía de su derecho fundamental a decidir, sino que abrieron definitivamente el camino al autoritarismo interno. A partir de ese momento, la ruptura del orden democrático dejó de ser una advertencia para convertirse en un hecho consumado.
Y cuando un país renuncia (por imposición) a resolver sus conflictos por la vía institucional, también se expone, inevitablemente, a la vulneración de su soberanía. El 28 de julio no fue un evento aislado: fue la antesala del colapso político que desembocaría, tiempo después, en la crisis abierta que hoy enfrenta la nación.
Crisis de soberanía y erosión de la democracia
Hoy, con la soberanía popular y territorial gravemente vulneradas, es inevitable preguntarnos cómo llegamos hasta aquí. La respuesta está en la erosión sostenida de la democracia, en el uso del Estado como herramienta para el abuso de poder, en la captura progresiva de las instituciones y en la sustitución del interés nacional por la lógica de permanencia en el poder.
El discurso de la llamada revolución prometió justicia social y transformación. Sin embargo, en la práctica, privilegió la polarización como método de control político. La confrontación se convirtió en un recurso permanente para deslegitimar al adversario, cerrar los espacios de negociación y justificar la concentración de poder, mientras el país entraba en un proceso gradual de descomposición económica, social e institucional.
¿De qué sirvió, entonces, ese discurso redentor, si terminó dejando a una nación más fragmentada, empobrecida y sin garantías para sus ciudadanos?
El 3 de enero de 2026: un espejo trágico
El 3 de enero de 2026 no llegó sin aviso. Nos encontró en las peores condiciones posibles como país: divididos, sin confianza en nuestras instituciones, sin canales efectivos de negociación política y con un tejido social profundamente dañado.
Ese día se materializó, de forma abrupta, el fracaso de la política entendida como espacio para la resolución pacífica de los conflictos. La incapacidad de construir acuerdos mínimos y de apostar oportunamente por una salida negociada abrió paso a un desenlace que expuso a Venezuela tanto al autoritarismo interno como a la vulneración externa de su soberanía.
Más que un hecho aislado, fue el reflejo de un largo deterioro que venía gestándose desde mucho antes.
¿Es viable un país sin cambios profundos?
La respuesta es clara: no. Venezuela no podrá reconstruirse sin una reinstitucionalización real, sin el restablecimiento del Estado de derecho, sin la recuperación de la independencia de los poderes públicos y sin un sistema político que vuelva a reconocer al ciudadano como el centro de la vida democrática.
No se trata únicamente de un relevo de actores. Se trata de corregir las distorsiones estructurales que permitieron la concentración del poder y la anulación progresiva de los contrapesos.
La oportunidad de todos
A los venezolanos nos corresponde hoy hacer un punto y aparte. Reconocer el momento histórico y, sobre todo, las lesiones profundas que dejó la polarización como forma de hacer política. Convertir este episodio doloroso en una oportunidad exige dejar de lado egos, vanidades y cálculos personales para concentrarnos en los puntos de coincidencia que aún existen dentro de una sociedad exhausta, pero no derrotada.
Venezuela necesita un verdadero pacto de Estado que permita avanzar en la ineludible reinstitucionalización del país y en la recuperación democrática. Un acuerdo que no sea excluyente ni instrumental, sino que sirva como base para reconstruir la convivencia, la confianza y la legitimidad.
La Constitución de 1999 como marco de encuentro y debate
La Constitución de 1999 debe asumirse, hoy, como un marco de encuentro para iniciar la reconstrucción institucional. Pero ese reconocimiento no puede ser acrítico. Es imprescindible abrir un debate nacional, amplio y plural, sobre aquellos elementos contenidos en ella que han contribuido a la inestabilidad del Estado y al debilitamiento de la democracia.
La reelección indefinida, el diseño del sistema de controles y equilibrios, la figura del referendo revocatorio, la discusión sobre la bicameralidad y los mecanismos de representación parlamentaria (marcados por problemas de sobre y subrepresentación) son debates impostergables si se pretende reconstruir un piso institucional sólido y funcional.
El nuevo relacionamiento internacional y el lugar de los venezolanos
También resulta inevitable repensar el nuevo relacionamiento con los Estados Unidos y con la comunidad internacional. Pero esa discusión no puede hacerse desde la subordinación ni desde la retórica ideológica. Debe partir de una política exterior orientada a la recuperación del país, a la cooperación para la reconstrucción institucional y al respeto a la soberanía.
Y, en medio de todos estos debates, no puede perderse de vista la pregunta esencial: ¿dónde quedan los venezolanos?
Quedan en el centro. Dentro y fuera del país. Como destinatarios de cualquier acuerdo político, de cualquier reforma institucional y de cualquier nueva arquitectura democrática.
Una oportunidad para reconstruir la República
Esta es, quizás, una de las últimas oportunidades para transformar una crisis histórica en un punto de inflexión real. Para construir los acuerdos que nos acerquen a la estabilidad, a la reconciliación genuina y al fortalecimiento democrático.
La oportunidad de Venezuela no pertenece a una élite ni a un sector político. Es la oportunidad de todos.
Frederick Villegas – @FrederickVe
