Entre supuestos “sabotajes” y “ataques cibernéticos”, Venezuela vivió en marzo de 2019 uno de sus peores momentos en materia eléctrica. Dos mega apagones casi simultáneos dejaron a oscuras a todo el país, demostrando el desfalco de los recursos del Estado –más de 26 mil millones de dólares, según cifras de la Asamblea Nacional– destinados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Miguel Lara, ingeniero electricista y especialista en planificación y operación de sistemas eléctricos de alta tensión, corrige esa cifra cada vez que la escucha: “Desde el año 1999 y hasta la fecha, son más de 120 mil millones de dólares gastados, no 20 mil”.
Explica que si se calcula cuál fue la inversión que destinó el Estado venezolano desde que decidió electrificar el país, en los años 40-50, hasta 1998, es igual a la mitad de esa cifra, y eso es lo que hoy mantiene el servicio eléctrico nacional.
Al margen de esos datos y en vísperas supuestamente de unas primarias de la dirigencia política opositora, en 2023, se hizo pública recientemente una nueva propuesta para “ofrecer soluciones parciales a la crisis” en el área eléctrica. El objetivo central de la iniciativa es “obtener los recursos necesarios para acometer obras de mantenimiento e inversión en el Sistema Eléctrico Nacional”. ¿Cómo? Reactivando la línea de financiamiento a través del Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como Corporación Andina de Fomento (CAF).
La proposición está firmada por Manuel Rosales, ex gobernador del Zulia, y es similar a una que habrían presentado años atrás un grupo de diputados de Un Nuevo Tiempo (UNT), Acción Democrática (AD) y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). La misma fue rechazada por la Asamblea Nacional legítima.
De acuerdo con Miguel Lara, esta propuesta de Rosales plantea dos opciones que considera son perjudiciales para la nación: primero, saldar la deuda que el régimen de Nicolás Maduro no le ha pagado a la CAF, equivalente a unos 1500 millones de dólares; y segundo, retomar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que acelere el desembolso de 5 mil millones de dólares que deberían estar disponibles para Venezuela, y que no se han facilitado por la dicotomía de gobiernos paralelos existentes en el país.
“Cuando un organismo de financiación destina fondos a proyectos, establece garantías de repago y debe hacer desembolsos basados en valuaciones demostrativas de avance y rendición de cuentas. ¿Cuáles son esas obras con la CAF? ¿Por qué no han funcionado? ¿Y por qué la CAF ha suspendido la entrega de recursos?”, pregunta el ingeniero.
El experto califica como un “contrasentido” usar fondos congelados, como los que se encuentran bajo litigios internacionales, para pagarle a la CAF y luego desembolsar el resto a nuevos proyectos, sobre los cuales no se indica tampoco en la propuesta cómo serán asignados.
Por su parte, Gustavo Ruiz, abogado y coordinador de Vente Venezuela en el estado Zulia, sostiene que resulta contradictorio leer una propuesta como la de Rosales, considerando que el dinero de los venezolanos que quiere usar para su idea “afortunadamente fue retenido cautelarmente para preservar nuestro patrimonio”.
El zuliano se refiere a las múltiples denuncias de corrupción que existen alrededor del sistema eléctrico nacional. “Es el mayor desfalco en nuestra historia y los venezolanos seguimos sumidos en la más absoluta oscuridad”, insiste.
Además, el dirigente político recuerda que el drama eléctrico venezolano nada tiene que ver con la retención de los recursos del Estado, sino con la actuación del régimen de facto que ocupa Miraflores y que, en sus palabras, “está aliado con la opoficción” que representa Rosales.
“Estamos estimulados a lograr la solución no solo de este, sino de tantos problemas que padecemos. En el caso de la electricidad, ojalá pudiéramos, pero este es un país sin orden y bajo un sistema criminal que debemos desmontar”, agrega.
¿Cuál ambiente institucional?
“¿Qué factibilidad real ofrece para llevar a cabo un proyecto así?”, es la pregunta que se hace Catalina Ramos, bióloga y coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas en Vente Venezuela.
Resalta que en Venezuela no existe un ambiente institucional como para desarrollar una proposición así, considerando que, a su juicio, el chavismo ha secuestrado y destruido todas las instituciones.
“Sin respeto a la propiedad privada, a las leyes; sin garantías económicas que hoy son inexistentes, no es factible pensar en soluciones puntuales y parciales, tipo colcha de retazos, dentro de un sistema que ha hecho justo lo contrario: destruir la infraestructura de las empresas y expulsar a especialistas y técnicos, dado el desconocimiento de su trabajo y sus recomendaciones”, expresa.
Ramos llama a ver el problema de forma sistémica e insiste en que al hablar de la electricidad no se puede dejar de considerar, por ejemplo, el gas con el cual deben alimentarse esas plantas. Sobre eso, afirma que ningún empresario haría inversiones económicas cuya factibilidad real esté comprometida por la falta de capacidad de respuesta y garantía de cumplimiento de las industrias actuales.
“En el desarrollo de nuestra propuesta al país, Venezuela Tierra de Gracia, constatamos continuamente, de la mano de los expertos y especialistas, todas las potencialidades que tenemos para convertirnos en un centro de producción de energía limpia, no sólo para Venezuela, sino de cara a un mundo que está enfrentando un proceso complicado de transición energética que nosotros podríamos navegar con muchísimas ventajas comparativas y competitivas”, desarrolla.
De acuerdo con la representante del partido de la libertad, Venezuela tiene una gran potencialidad de producción de gas natural, no solamente para cubrir la demanda interna, sino incluso para exportar a países vecinos que se están quedando sin ese recurso.
“Venezuela Tierra de Gracia es un mapa de ruta a la libertad, porque sin libertad y sin una profunda transformación del modelo político, nada de esto será posible”, suma.
Incongruencias técnicas
Pero la propuesta de Manuel Rosales también tiene otras fallas, al menos en opinión de Miguel Lara, quien considera un error que entre los proyectos que sugiere el dirigente político esté el suministro e instalación de un cable sublacustre de 400 kV.
“Ya hay dos líneas de 400 kV, dos cables sublacustres y uno por debajo del puente de Maracaibo. Ese debería ponerlo en servicio y recuperar los otros dos. Aun así, el problema seguirá siendo que la energía de Guri no llegará a Maracaibo en los montos requeridos, si no se resuelve toda la cadena de transmisión desde el Guri”, explica.
El especialista también critica que se vuelva a plantear el suministro e instalación de unidades de respuesta rápida, que cuestan 120 millones de dólares y que son de poca vida útil.
Además, señala que la propuesta incluye aspectos básicos de mantenimiento, que hoy los debería hacer Corpoelec, como es la limpieza de maleza. “Para eso no se necesitan préstamos, ni pagar deuda”, dice.
En resumen –afirma- la propuesta tiene carencias técnicas y no tiene viabilidad económica, al tiempo que hace énfasis en la necesidad de trabajar en una propuesta con suficientes estudios técnicos y económicos, para luego acudir a una institución financiera, indicar cómo se harán los desembolsos, cómo serán los pagos de la inversión o préstamo que se soliciten, definir tiempos de ejecución y valor de cada proyecto y cómo es que se van a otorgar los recursos de forma transparente, con un estudio de ingeniería detrás.
En definitiva, queda mucho por ver, pero esta es la «renovada» propuesta para gastar más dinero y preservar lo mismo: un país a oscuras.
