La presidenta de la Misión Internacional Independiente para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marta Valiñas, denunció que los pilares fundamentales del espacio cívico y democrático en le país son gravemente restringidos en Venezuela.
Durante la presentación del cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este lunes, la representante alertó que la “represión selectiva contra líderes sociales y políticos” en Venezuela se está intensificando de cara a las elecciones de 2024.
El informe, que presentó el pasado 20 de septiembre, señala que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, registraron 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos con a la administración de Nicolás Maduro.
En el documento también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.
“El mensaje parece ser claro: el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión a pesar de lo que señalen los mecanismos internacionales de derechos humanos”, expresó Valiñas ante el Consejo de Naciones Unidas.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente para Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
“Estas violaciones no son hechos aislados, reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al Gobierno que continúa”, sostuvo Valiñas.
Para ella, es “muy preocupante” la creciente represión, la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado y la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela.
Descenso de violaciones de DDHH
El documento reconoce un descenso de las violaciones de derechos humanos denunciadas con respecto al periodo anterior a 2020, por el cambio en la crisis política que produjo la pandemia en ese año, al marcar el fin de las protestas masivas y de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala en respuesta a iniciativas para desestabilizar al Gobierno.
Valiñas criticó además que el mismo día 20, en el que su misión presentó en rueda de prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa «Operación Constitución», entre ellos personas cuyos casos habían sido documentados por la propia misión en informes previos.
«Fueron víctimas de detenciones arbitraras, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos», afirmó la experta, denunciando que la audiencia se celebró a altas horas de la madrugada, incorporando pruebas documentales «intempestivamente» y prescindiendo de más de 30 testigos.
