Misión de la ONU reconoce disminución de desapariciones forzadas tras el 3 de enero, «pero persiste la represión»

El último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU alertó este miércoles que pese a que se han registrado excarcelaciones en Venezuela, persisten «graves violaciones de derechos humanos».

Así lo suscribe el documento de investigación en el que la Misión registró los acontecimientos ocurridos durante el último año y presentó conclusiones detalladas sobre las violaciones de derechos humanos que continúan produciéndose. Expuso que «observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas» tras los hechos del 3 de enero, cuando fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro; y se permitieron un margen algo mayor para las protestas, las reuniones públicas y la participación de la sociedad civil.

Advirtió que estos cambios no han ido acompañados de las «reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los derechos humanos».

La presidenta de la misión, Sofía Macher condenó que todavía siguen vigentes numerosas leyes que buscan criminalizar a la disidencia, «y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas».

«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles. Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos.”

Además, no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos; y los periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana.

Precisó que al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a, puestos clave, mientras que la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes del pasado persiste, fustigó.

Aunque las excarcelaciones redujeron significativamente el número de presos políticos, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 379 y 500 personas seguían detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable hace imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran las personas que permanecen detenidas y cuál es su situación jurídica.

“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas,” afirmó María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión. “Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas”.

Piden a EE .UU. promover «cambios reales en materia de DDHH» en Venezuela

La Misión instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho.

“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales,” añadió Alex Neve, otro de los expertos de la Misión. “Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país.”

Destacó que los informes serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2026.