Comunicado.- Este domingo 25 de mayo se llevarán a cabo las elecciones regionales y parlamentarias en Venezuela en un contexto profundamente antidemocrático, marcado por la ausencia de garantías electorales, la opacidad institucional y una escalada represiva sin precedentes en la historia reciente. Este nuevo proceso ha sido convocado por un Consejo Nacional Electoral (CNE) carente de toda legitimidad, tras su participación directa en el encubrimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La maniobra electoral que se intenta imponer este 25 de mayo no puede desligarse de ese proceso inconcluso y fraudulento que culminó en la inconstitucional e írrita toma de posesión de Nicolás Maduro, quien usurpa la Presidencia de la República desde el pasado 10 de enero.
El CNE, controlado por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha convertido en su sello distintivo la violación flagrante a los procesos establecidos en leyes y reglamentos, así como de la falta de transparencia. A pocos días de los comicios, no se ha publicado el cronograma oficial en Gaceta Electoral; tampoco se garantizó el derecho a postularse libremente: tarjetas electorales fueron eliminadas sin explicación alguna y numerosos candidatos opositores fueron inhabilitados de forma arbitraria. Cabe recordar que el Partido Comunista de Venezuela (PCV), así como diversas organizaciones de distintas tendencias políticas, se encuentra intervenido judicialmente, lo que ha impedido a nuestra organización, así como al conjunto de las fuerzas revolucionarias y populares presentar al pueblo venezolano una opción electoral independiente.
A esto se suma la manipulación político-electoral del caso de Guayana Esequiba con la que el PSUV pretende aumentar sus curules en la Asamblea Nacional. La creación arbitraria de una circunscripción electoral en esa zona —sin información clara sobre el número de electores, centros de votación o delimitación territorial— no responde a un verdadero interés por la soberanía nacional, sino a un burdo intento de atizar el patrioterismo y desviar la atención de un nuevo reparto de zonas en el sur del país que concentran gran cantidad de minerales preciosos y que actualmente son objeto de la depredación capitalista.
Este clima de ilegalidad ha estado acompañado de una feroz represión contra activistas políticos, defensores de derechos humanos y periodistas. El secuestro e incomunicación del excandidato presidencial Enrique Márquez; la vigilancia y el hostigamiento policial al profesor Juan Barreto; y la persecución contra la abogada María Alejandra Díaz y su familia son muestras claras de una política orientada a silenciar e impedir la actuación política y social de cualquier expresión que reivindique los derechos del pueblo trabajador y enfrente los desmanes de la cúpula gobernante.
Estos casos se complementan con las dos mil detenciones ejecutadas durante las protestas poselectorales de 2024: cientos de personas continúan privadas de libertad, muchas de ellas sin juicio ni pruebas, y sometidas a patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos, entre los que se incluyen detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas de corta duración y procesos judiciales viciados.
Cinco personas han fallecido bajo custodia del Estado, y al menos otras dos murieron tras ser excarceladas en condiciones de salud críticas, resultado de la falta de atención médica adecuada durante su reclusión.
Son estas las razones que llevaron al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), electo en el XVI Congreso Nacional (Nov. 2022), a decidir no participar en este nuevo intento de la cúpula del PSUV por normalizar su ilegal e ilegítima gestión mediante la simulación de procesos democráticos. Si bien el voto es un derecho y no se debe censurar su ejercicio, advertimos al pueblo venezolano de las consecuencias para la vida democrática del país alimentar esta farsa electoral en la que las instituciones del Estado no garantizan los principios de legalidad y transparencia.
Las y los comunistas venezolanos exigimos el restablecimiento inmediato de las garantías constitucionales, la publicación detallada y verificada de los resultados de las elecciones del 28 de julio, la liberación plena de todas las personas detenidas por razones políticas y el cese de la represión.
Reiteramos nuestro llamado a las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas a unir esfuerzos en una plataforma común para luchar por la restitución de la vigencia de la Constitución y del Estado de derecho en el país.
¡Seguimos en pie: sumando fuerzas y organizando luchas!
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV)
Caracas, 21 de mayo de 2025.
