Caracas, noviembre 2021. – Desde octubre de 2018 el sistema bancario venezolano se encuentra sujeto a un esquema de encaje legal establecido por el Banco Central de Venezuela con el objeto de tener un control sobre el dinero circulante.
Esta medida consiste en que todas las entidades financieras del país, públicas o privadas, deberán mantener, en el BCV, un porcentaje de los depósitos y captaciones realizadas por los clientes, a fin de garantizar la disponibilidad del dinero ante posibles escenarios de caída de liquidez. Es decir, que el encaje legal se pensó como una estrategia para “cuidar” los ahorros de los clientes en los distintos bancos. Sin embargo, vale la pena estudiar de cerca qué tan acertada ha sido esta iniciativa.
En el caso particular de Venezuela, el encaje del coeficiente ordinario establecido por el BCV, en enero de 2021, pasó de un 93% a 85%, lo que significa que las entidades bancarias solo cuentan con un 15% de los fondos de sus captaciones para poder llevar a cabo la intermediación financiera a través del otorgamiento de créditos e inversiones.
Desde octubre de 2018 a la actualidad el porcentaje correspondiente al encaje legal en nuestro país ha variado y se ha convertido en un intento (fallido) de disminuir las operaciones que se dan en el mercado paralelo y controlar la inflación, pues lejos de mejorar la economía nacional, el encaje legal ha impactado fuertemente en la dinámica financiera del país, limitando el buen desarrollo de los bancos. Como respuesta a las limitaciones impuestas por el encaje, los bancos han tenido que darle la vuelta a sus distintos productos y servicios, al punto de crear ofertas en divisas, desarrollando así una economía bimonetaria que obliga a la población a manejarse entre la moneda nacional y la extranjera.
Otra consecuencia del encaje legal es la imposibilidad de los bancos de otorgar créditos, que son instrumentos necesarios para el desarrollo de la economía, pues tal como lo señala el economista y especialista en finanzas internacionales, Leonardo Buniak, en una entrevista para Unión Radio: “no es posible imaginar un relanzamiento de la economía venezolana sin el crédito bancario, pues la banca es el tema circulatorio de la economía nacional”.
Hay que tener en cuenta que, más allá del porcentaje permitido por el encaje legal con el que los bancos pueden intentar desarrollarse, existe además una limitante que prioriza el redireccionamiento de esos fondos para el funcionamiento de la cartera de crédito hacia los sectores de producción nacional establecidos por el BCV, lo que dificulta a su vez la posibilidad para los clientes de solicitar un crédito para la compra de vehículos o vivienda, por ejemplo.
Si bien coincide la opinión de expertos en la materia económica sobre la activación del crédito como algo necesario, hay quienes sostienen que dicho instrumento debería manejarse en divisas, no obstante, la realidad refleja que los únicos que podrían hacer frente a un compromiso crediticio serían los clientes jurídicos y no los naturales. Por su parte, Luis Bárcenas considera que la idea de otorgar créditos en moneda extranjera, más allá de ser un planteamiento que no comulgue con los intereses del gobierno nacional, abre la puerta a que se refuercen las bases de una dolarización, pero para que esto se concrete es necesario que, además de la flexibilización de medidas económicas, las entidades financieras puedan realizar operaciones interbancarias en divisas. Por su parte, la opinión del economista Luis Oliveros es más enfática al hablar del tema, pues considera que más temprano que tarde el crédito en divisas será necesario para el crecimiento de la economía.
Otro punto de convergencia por parte de varios economistas está en la reducción del coeficiente ordinario, donde el 85% actual no es suficiente, pues ven en la figura del crédito bancario un elemento importante que permite la dinamización de la economía. Por su parte el economista Aarón Olmos plantea que la reactivación del sistema financiero nacional pasa por la modificación del encaje legal para que las entidades financieras puedan otorgar créditos, proponiendo así una reducción de un 20% más el coeficiente actual.
Pareciera que la medida rígida establecida por el BCV sobre el encaje legal no es suficiente, pues si bien ha frenado el crecimiento de la liquidez monetaria, ha sido a cambio de unos impactos que no solo afectan a la economía en general sino al desarrollo del sistema financiero y productivo del país, y lo más importante ha dejado de manos atadas a los bancos para ofrecer a sus clientes alternativas para enfrentar la crisis que atravesamos, pues para nadie es un secreto que cuando contábamos con una economía más estable, los usuarios bancarios teníamos acceso a productos crediticios para complementar sus ingresos ordinarios.
